23,2 millones de euros (+29,6% en comparación con 2019) se destinaron a las víctimas de extorsión y usura en 2020, de los cuales aproximadamente 3,7 millones de euros en el último trimestre.
En concreto, más de 19,7 millones de euros se destinaron a víctimas de extorsión y 3,5 millones de euros a víctimas de usura. A lo largo del año se presentaron un total de 539 solicitudes de prestaciones económicas: 284 por extorsión y 255 por usura.
Estos son los datos del informe 2020 de la comisaria extraordinaria antimonopolio y antiusura, Giovanna Cagliostro, que pone de relieve cómo la pandemia de Covid-19 ha afectado gravemente a la vida de los ciudadanos, que han tenido que asumir una creciente sensación de precariedad e inestabilidad.
Entre los «efectos secundarios», el riesgo de exclusión social y el marginación de tantos operadores económicos en dificultades constituyen un peligroso caldo de cultivo para la delincuencia organizada, que con ofertas diarias de ayuda, pero también con intimidaciones y amenazas, intenta no sólo contaminar el tejido económico, sino también disputar al Estado el control del territorio.
La actual situación de emergencia, destinada a durar los próximos meses, ha llevado a la Oficina del Comisario extraordinario a emprender nuevas acciones en favor de las víctimas de los delitos de extorsión y usura, en un intento de frenar cualquier condicionamiento peligroso de la libertad económica. En concreto, se planificaron tres líneas de intervención complementarias: prevención, contraste y solidaridad.
El Comisario confió en la intensa cooperación con las asociaciones locales contra el crimen organizado y la usura, que llevan ofreciendo apoyo y asistencia a las víctimas desde principios de los años noventa.
En estos tiempos de dificultades económicas, el papel conjunto y el compromiso de instituciones y asociaciones serán aún más valiosos en su labor de convencer «de que estar al lado del Estado merece la pena», concluye el prefecto Cagliostro en su informe.
