Ley no. 3/2012 (con sus modificaciones posteriores) estableció por primera vez la definición normativa del sobreendeudamiento y reguló los instrumentos para su resolución. El sobreendeudamiento se define como el «desequilibrio persistente entre las obligaciones contraídas y los activos fácilmente disponibles para hacerles frente, que se traduce en una dificultad importante para hacer frente a las propias obligaciones, o en la incapacidad definitiva para hacerles frente regularmente».

La ley está dirigida a:

• Un empresario (individual o asociado), siempre que no esté sujeto a quiebra (empresas comerciales no pequeñas, «por debajo del umbral» con respecto a los parámetros del art. 1 de la ley de quiebras y, con independencia de su tamaño, empresarios comerciales que lleven más de un año sin actividad, empresarios agrícolas, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas innovadoras de nueva creación);
• Trabajador autónomo o por cuenta propia;
• Una persona perteneciente a la categoría mucho más amplia y general de consumidor, es decir, una persona física deudora que ha asumido obligaciones exclusivamente con fines ajenos a cualquier actividad empresarial o profesional desarrollada.

Los sistemas de resolución de sobreendeudamiento, según l 3/2012, son:

• El procedimiento de concurso de acreedores (dedicado a empresarios -no concursados- y autónomos);
• El procedimiento del Plan de Consumo (caracterizado por la ausencia de un procedimiento para obtener el consentimiento de los acreedores);
• Alternativamente, o en algunos casos como consecuencia de estos dos procedimientos, la liquidación de los activos.

Los tres procedimientos giran en torno al Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. A partir del 28.1.2015 entró en vigor el Decreto 202/2014 que regula estos organismos. El procedimiento en el organismo tiene un coste, que se indica en la normativa de cada organismo y puede variar de un organismo a otro. El deudor, tras evaluar, eventualmente con el apoyo y asesoramiento de un profesional experto en materia de sobreendeudamiento, que el procedimiento de resolución de crisis es adecuado y útil para su caso, puede dirigirse a uno de los organismos inscritos en el registro nacional del Ministerio de Justicia. Dependiendo de la situación del deudor, el Organismo tramitará alternativamente la propuesta de convenio o el Plan de Consumo. La diferencia entre los dos procedimientos (acuerdo del deudor y plan del consumidor) radica en la necesidad, sólo en el primer caso, de obtener el consentimiento de tantos acreedores como representen al menos el 60% de los créditos. Sigue siendo posible que el deudor se valga de sus propios asesores para la redacción de la propuesta de acuerdo o Plan, presentando después la solicitud ante el Tribunal y pidiendo el nombramiento de un profesional que evalúe el acuerdo o Plan y certifique su viabilidad.

Los pasos del plan de consumo son la elaboración de un plan por parte del organismo de resolución de crisis, la presentación ante el tribunal del lugar de residencia de la persona sobreendeudada, la evaluación judicial de la viabilidad del plan, la conducta del consumidor con respecto a la perspectiva razonable de cumplir las obligaciones en el momento de su asunción y la ausencia de culpa en la determinación del sobreendeudamiento.
Las ventajas del Plan son que incluso los créditos privilegiados pueden reducirse sustancialmente, si no hay posibilidades razonables de obtener un mejor resultado de la liquidación de los activos; la presentación del Plan detiene el devengo de intereses sobre las deudas no garantizadas; al final, será posible obtener la congelación de los procedimientos de ejecución y la exoneración en caso de cumplimiento regular del Plan para las deudas no satisfechas.

En los años inmediatamente posteriores a la entrada en vigor de la Ley 3/2012, los procedimientos de resolución indicados, tuvieron dificultades para arrancar, debido también a la ausencia de una normativa que regulara la creación y funcionamiento de los órganos de resolución de crisis, verdadero eje de los procedimientos. Las llevadas a cabo en los tribunales nacionales, tuvieron lugar a través de la designación por el juez de un profesional para llevar a cabo una evaluación del plan o acuerdo propuesto por el deudor y certificar su viabilidad.